Educación, ¿de calidad?

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bienbenidosEl tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue un mar plagado de retóricas y buenas intenciones. La educación fue un tema central. Había pasado casi una hora, y el presidente ya bien entrado en calor, suelta una frase comprometedora: “(…)vamos a seguir trabajando en favor de la educación pública, laica, gratuita y, ahora, también de calidad.”

Pronunciaba cada sílaba como si aún tuviera el lápiz con el que ensayó su discurso entre los dientes. Pero, ¿qué significa una “educación de calidad” fuera de la ya famosa retórica vacía?

Peña presumió que su administración había creado 23 mil escuelas de tiempo completo y que en todo el país se entregaron un millón de laptops y tablets. De nuevo, cifras vacías. Porque, ¿de qué sirven estos aparatos si hay escuelas en zonas rurales sin electricidad ni pavimento? ¿Por qué gastar tanto dinero en esto? ¿Por qué no mejor invertir en infraestructura y el presupuesto general de escuelas públicas?

El informe se cerró con un decálogo propio de quien tiene poder y no sabe ejercerlo. Un decálogo, que al igual que el Pacto por México, representa las promesas que todos conocemos: jamás van a cumplirse.

El sexto “compromiso” del decálogo, fue que se incluyera un Programa Nacional de Inglés para la educación básica dentro del Presupuesto de Egresos de 2016. Suena a una gran idea. Por otro lado, el octavo compromiso fue la eterna promesa de invertir en educación superior como prioridad.

Eso me lleva a reflexionar sobre un tema central en términos educativos: el gasto. Vaya paradoja, apenas hace unos meses el periódico Reforma filtró un documento en el que la propuesta de Hacienda era recortar el presupuesto de la UNAM, el Instituto Politécnico, la UAM y el Colegio de México.

Después de dos horas, el informe terminó, y yo desee con todas ansias que lo que decía el Presidente se hiciera realidad. Pero los discursos no mejoran la educación. A las palabras se las lleva el viento.

Si en efecto recortan ese presupuesto, lo que significa es que habría menos espacios para jóvenes mexicanos que quieren estudiar. No nos confundamos: la educación es un derecho humano. El artículo 3º de nuestra Constitución establece que todo individuo tiene derecho a recibirla, y que es responsabilidad del Estado impartirla de manera gratuita hasta terminar la secundaria.

 

En nuestro país sólo 5 de cada 10 jóvenes, entre 15 y 19 años, concluyen sus estudios y sólo 7% de ellos concluirá una licenciatura. ¿Qué tipo de futuro tiene un país en donde la mayor parte de su población no está educada? ¿Cómo lidiar con los problemas de corrupción, injusticia y contaminación si no estamos informados de lo que sucede?

Según la OCDE, en 2011, el 6.2% del PIB del país se destinó al gasto en instituciones educativas, cifra ligeramente mayor que el promedio de la OCDE (6.1%). Sin embargo, en México, el gasto anual promedio por estudiante es el segundo promedio más bajo dentro de la OCDE y países asociados, tan sólo por arriba del de Turquía.

Es decir: a pesar de que hay un fuerte gasto en educación, el dinero no está llegando a los estudiantes. Nos topamos entonces, con el eterno tema de este país: la corrupción en el sector educativo en lo que respecta a recursos públicos. ¿Hacia dónde está yendo ese dinero? ¿Qué está pasando entre medio? ¿Por qué el dinero no se invierte en lo que se debería?

El Objetivo de Desarrollo Sostenible, mismo al que México va a comprometerse este mes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, establece:

ODS#4

 “la obligación de garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje para todos.”

No se vale priorizar la educación de unos pocos ricos, privilegiados que pueden pagar escuelas privadas y con ideologías específicas. La igualdad educativa implica acceso y calidad sin consideración de clase, posición social y género. Y claro, de manera progresiva y de acuerdo a las posibilidades de cada Estado en particular.

En cuanto a nosotros, ciudadanos, hay que estar conscientes de lo que este derecho humano implica e involucrarnos más allá de los programas académicos de nuestras escuelas o las de nuestros hijos.

Una implementación transparente y eficaz de los ODS en México pasa forzosamente por el interés del ciudadano y sus exigencias por un México más equitativo, menos contaminado y sin duda, más democrático.

 

No llegaremos muy lejos sin educación de calidad para todos y todas.

Gisela Pérez de Hacha

@gisela_pda

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